La Reforma Energética bajo la lupa

Por: Benjamín Torres Barrón
benjamin.torres-barron@bakermckenzie.com

Jorge Corella Martínez
jorge.corella-martinez@bakermckenzie.com

El 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía (en lo sucesivo, la “Reforma”). Tras su publicación, la Reforma entró en vigor el pasado 21 de diciembre.

La Reforma representa un gran cambio para el sector energético de México, ya que finalmente permitirá a los particulares participar de forma más amplia en actividades que anteriormente eran exclusivas del Estado Mexicano.

En materia de hidrocarburos, no se elimina la propiedad de la Nación sobre los recursos en el subsuelo, y la exploración y extracción de hidrocarburos tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y el subsuelo. Lo anterior puede tener implicaciones sobre concesiones mineras o de explotación de agua donde se encuentren hidrocarburos, ya que sus concesionarios podrían verse obligados a permitir la exploración y extracción de los mismos.

Se introducen nuevas modalidades de contratación, a fin de que el Estado contrate con particulares las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Estas modalidades, más atractivas y acordes con la industria petrolera internacional, incluyen:
– Contratos de utilidad compartida, bajo los cuales el particular recibirá una contraprestación en efectivo, que consistirá en un porcentaje de la utilidad obtenida por las ventas de los hidrocarburos;
– Contratos de producción compartida, que permitirán al particular recibir como contraprestación un porcentaje de la producción; y
– Contratos de licencia, en los cuales el particular podrá recibir, a cambio del pago de una contraprestación, la transmisión onerosa de los hidrocarburos extraídos del subsuelo.

La Reforma también incluye los contratos de servicios y deja abierta la posibilidad de implementar una combinación de cualquiera de las modalidades descritas anteriormente.

A diferencia del régimen de contratación vigente, ahora los particulares, a través de contratos de producción compartida o mediante contratos de licencia, podrán disponer de los recursos una vez extraídos del subsuelo.

Es importante destacar que la Reforma permitirá a los particulares reportar para efectos contables y financieros aquellos contratos que suscriban con el Estado y sus beneficios esperados, siempre aclarando que los hidrocarburos en el subsuelo seguirán siendo propiedad de la Nación. Esta modificación es de gran relevancia para los particulares, ya que les permitiría obtener mejores financiamientos para el desarrollo de sus proyectos. Esta alternativa dependerá finalmente del contenido, términos y condiciones de los contratos correspondientes.

Adicionalmente, para la mejor organización y regulación del sector hidrocarburos, la Reforma ordena la creación (entre otros) de:
– Un Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, encargado de administrar la renta petrolera.
– Un Centro Nacional de Control del Gas Natural, para la operación del sistema nacional de ductos de transporte y almacenamiento de gas natural.

En materia de electricidad, la Reforma establece que la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional (“SEN”), así como el servicio público de transmisión y distribución, permanecerán como actividades exclusivas del Estado, teniendo la posibilidad de contratar con particulares dichas actividades.

En la actualidad los particulares cuentan con la posibilidad jurídica de generar electricidad, pero dicha generación se encuentra limitada al autoabastecimiento, venta a la CFE y exportación. Con la implementación de la Reforma, se permitirá a los particulares comercializar la electricidad generada por ellos mismos.

Con motivo de lo anterior, se creará un mercado eléctrico mayorista, en el cual las empresas públicas y los particulares colocarán su producción. Este mercado tendrá reglas de despacho con el fin de satisfacer la demanda de electricidad al menor costo posible.

En virtud de que se dará una libre competencia en el mercado de generación y comercialización de electricidad, la Reforma anticipa la creación de un nuevo organismo descentralizado llamado Centro Nacional de Control de Energía, con autonomía e independencia de la CFE, encargado del control del mercado eléctrico mayorista, de operar el SEN y procurar el acceso a la red nacional de transmisión y a redes generales de distribución.

Para implementar la Reforma, será necesario modificar la mayor parte del marco legal existente en materia de hidrocarburos y electricidad, para lo que se ha fijado un término de 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la misma (19 de abril de 2014). Además, dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor del nuevo marco jurídico (19 de abril de 2015), se crearán el Centro Nacional de Control del Gas Natural y Centro Nacional de Control de Energía.

Benjamín Torres Barrón y Jorge Corella Martínez son respectivamente socio y practicante de Baker & McKenzie.

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